La consolidación de las infraestructuras de comunicación en América Latina es uno de los problemas básicos de desarrollo en la actualidad, para nadie es un secreto que los sistemas de comunicaciones regionales manifiestan atrasos muy grande con respecto a lo de los países desarrollados, la telefonía básica , los servicios de correos, la transmisión de datos y paquetes informáticos, la cobertura territorial de los medios de masas audiovisuales e impresos adolecen de eficiencia y rapidez como para adaptarse a las comunicaciones del mundo moderno.
Aunque en la actualidad, los gobiernos regionales, conjuntamente con las empresas de telecomunicaciones y las empresas de los medios, están tomando medidas para actualizar, ampliar y mejor los servicios de información y de comunicación, la tendencia es la de dirigir esos servicios a prestaciones comerciales-privadas casi de forma exclusiva, de manera que todavía no se vislumbra en la región una política concertada hacia el desarrollo de sistemas de información alternativos propios, básicos para la planificación social.
Lo que deben entender los gobiernos regionales es que la inversión en este renglón, aunque a primera vista parece ser un gasto innecesario, a la larga se convierte en una inversión social de grandes dimensiones, porque abre alternativas para el desarrollo autónomo y sostenido en un campo vital para las relaciones nacionales e internacionales de hoy y del próximo siglo.
En ese sentido, las inversiones deberían tender hacia los servicios básicos de telecomunicaciones y de medios masivos; la potenciación de las comunicaciones en el medio rural y en las zonas urbanas de menor poder adquisitivo tendrá que venir de los Estados regionales, que dentro de una política de comunicación a largo plazo entiendan que los sectores sin acceso a los servicios privados y de pago que ofrecen las tecnologías de la información, tienen también necesidades de información y de comunicación que deberán ser satisfechas para poder hablar de sociedades democráticas, de desarrollo social y de mejoras en la calidad de vida del ciudadano del siglo XXI.
Habrá que superar algunos obstáculos, como el alto costo de las tarifas telefónicas y la insuficiencia de servicios telefónicos en la región, el alto costo de los equipos y servicios de telecomunicaciones y la incompatibilidad actual de los sistemas tecnológicos regionales para el intercambio sin problemas de la información, pero todo ello es secundario cuando se piensa en los aportes de las telecomunicaciones en la generación de valor agregado y, en consecuencia, en el PIB de la región. Lo que no se puede dejar hacer es que el sector privado, sobre todo el transnacional, participe en exclusiva en este negocio, porque entonces las posibilidades de revertir esos ingresos para el desarrollo regional autónomo se verían reducidas.
En ese sentido, las inversiones deberían tender hacia los servicios básicos de telecomunicaciones y de medios masivos; la potenciación de las comunicaciones en el medio rural y en las zonas urbanas de menor poder adquisitivo tendrá que venir de los Estados regionales, que dentro de una política de comunicación a largo plazo entiendan que los sectores sin acceso a los servicios privados y de pago que ofrecen las tecnologías de la información, tienen también necesidades de información y de comunicación que deberán ser satisfechas para poder hablar de sociedades democráticas, de desarrollo social y de mejoras en la calidad de vida del ciudadano del siglo XXI.
Habrá que superar algunos obstáculos, como el alto costo de las tarifas telefónicas y la insuficiencia de servicios telefónicos en la región, el alto costo de los equipos y servicios de telecomunicaciones y la incompatibilidad actual de los sistemas tecnológicos regionales para el intercambio sin problemas de la información, pero todo ello es secundario cuando se piensa en los aportes de las telecomunicaciones en la generación de valor agregado y, en consecuencia, en el PIB de la región. Lo que no se puede dejar hacer es que el sector privado, sobre todo el transnacional, participe en exclusiva en este negocio, porque entonces las posibilidades de revertir esos ingresos para el desarrollo regional autónomo se verían reducidas.
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